Los Indultos a Militares y Guerrilleros
Con referencia a los hechos de la historia argentina de las
dos últimas décadas anteriores, los jefes militares y dirigentes guerrilleros
procesados y condenados por la justicia durante el gobierno de Alfonsín; fueron
indultados o dejados en libertad por el presidente.
El 7 de octubre de 1989, el presidente Menem sanciono cuatro
decretos indultando a 220 militares y 70 civiles.
# Decreto 1.002/89: Indulta a todos
los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por leyes de
Punto Final y Obediencia Debida; excepto el ex general Carlos Guillermo Suarez
Manson( meison en pronunciación),que había sido extraditado de los Estados
Unidos.
# Decreto 1.003/89: Indulta a líderes y miembros de los grupos
guerrilleros E.R.P y Montoneros, y a otras personas acusadas de subversión. También
indulta a militares uruguayos.
# Decreto 1.004/89: Indulta a todos los participantes de las
rebeliones cara pintada de Semana Santa y Monte Caseros en 1987, y de Villa
Martelli en 1988.
# Decreto 1.004/89: Indulta a los ex miembros de la Junta de
Comandantes Leopoldo Fortunato Galtieri (ejercito),
Jorge Isaac Anaya (marina) y Basilio
Lamí Dozo (aérea); condenados por
los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de Malvinas.
El 3 de diciembre de 1990, el general Mohamed Seineldin, hará
el último levantamiento militar e ira preso, pero el 29 de diciembre de 1990,
Menem sancionara seis decretos mas indultando a un nuevo grupo de personas.
# Decreto 2.741/90: Indulta a los ex miembros de las Junta de
Comandantes condenados en el Juicio a las Juntas en 1985; Jorge
Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando
Lanbruschini .
Indulta también al ex jefe policial, Ramón Camps y el
coronel Oviedo Riccheri. Ambos crueles represores que violaron los derechos
humanos.
# Decreto 2.742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich
# Decreto 2.743/90: Indulta a Norma Bremilda Kennedy, procesada
por malversación de fondos públicos.
# Decreto 2.744/90: Indulta a Duilio Antonio Rafael Brunello,
condenado a inhabilitación pública absoluta y perpetúa por el delito de
malversación de fondos públicos.
# Decreto 2.745/90: Indulta al ex ministro de Economía, José
Alfredo Martínez de Hoz, procesado por la participación en los delitos de
secuestro y tortura contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
# Decreto 2.746/90: Indulta al ex general Guillermo Suarez
Manson, por delitos de violación de los derechos humanos y defraudación de los
deberes de funcionario público (como
director de Y.P.F).
Los indultos presidenciales representaron la negación del
conflicto histórico de la década de 1970, y la impunidad de los crímenes
cometidos, y provocaron innumerables expresiones de indignación.
Nuevas Reglas de Mercado;y situacion laboral, Jubilaciones, Educacion y Servicio Militar
El objetivo
con las privatizaciones fue conseguir la reducción de los gastos sociales del
Estado y la Deuda Externa, contraída durante los gobiernos anteriores.
Se logro la
estabilidad, pero al costo de destruir el cuerpo social por medio de la
desestructuración del Estado.
Procedimientos
insanamente corruptos hicieron posible una gigantesca transferencia de recursos
del Sector Publico a una reducida élite capitalista, dejando a
usuarios y consumidores en la indefensión y a merced de nuevos monopolios
privados que actúan sin tener que atenerse a ningún marco regulatorio efectivo
por parte del Estado.
Las empresas
de Servicios Públicos privatizadas se fusionaron con capitales nacionales
(empresas nacionales privadas)
u extranjeras; y, para obtener un mayor rendimiento económico, se aumento el
costo de los servicios.
La supresión
de las restricciones a las importaciones, la paridad cambiaria, sumadas a una
política económica tendiente a favorecer grandes emprendimientos, provoco la
caída de pequeñas y medianas empresas: Metalúrgicas, Metalmecánicas, Autopartistas,
Textiles
y Manofacturas.
No será la última
vez que el Estado se desapropiara de su histórico paternalismo social para
dejar las mismas funciones al mercado.
Confiando en
estas mismas fuerzas de mercado y como absorbentes de demanda laboral, Menem enviará
al Congreso un proyecto de ley, que este sancionara el 13 de noviembre de 1991
la denominada LEY 24.013, la “LEY
DE FLEXIBILIZACION LABORAL”, promulgada el 5 de diciembre de 1991, el
Estado reconoce la emergencia laboral,
y con el argumento del incremento de la mano de obra y la mayor formalidad de
trabajo, flexibiliza las modalidades de contratación, las pagas de los jornales
y los tiempos de trabajo.
Por otro
lado, tomando como base la ineficiencia del Estado, las jubilaciones correrán
la misma suerte. En el caso de las
jubilaciones, el Congreso sanciono el 13 de octubre de 1993, la LEY
24.275 dando lugar a la creación de las Asociación Federales de
Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P), se pasa de un sistema de “reparto”
a un sistema de “capitalización” en que la potencialidad individual del salario
será el requisito de las nuevas instituciones.
A finales de
1993, el ministro Cavallo, disminuye los aportes patronales (33 a 17%), y a
mediados de ese año, se vota una segunda ley de flexibilización laboral (24.099).
En cuanto a
la Educación, el Congreso sanciono el 24 de abril de 1993, la LEY
24.195, “LEY DE EDUCACION FEDERAL”: las escuelas y Colegios técnicos
pasan a las provincias, se subejecutan las partidas presupuestarias para la
inversión en la infraestructura edilicia de las mismas, y se provincializaran
los salarios docentes.
Mediante esta ley, se extendió la educación basica hasta los 14 años,y se modificaron los ciclos que quedaron clasificados en tres niveles: Educación Inicial, Educación General Básica ( E.G.B) y Polimodal.
El 6 de marzo de 1994, el soldado conscripto, Santiago Omar Carrasco, es asesinado a golpes. La indignación social de esta muerte, lleva al presidente a dictar el decreto especial 1.537.
Mediante dicho decreto, dicta la LEY 23.067, el 27 de agosto de 1994, por medio del cual el gobierno suprimió el Servicio Militar Obligatorio y creó el Servicio Militar Voluntario y Profesional.